Diputado ecologista presentó siete propuestas para rentas regionales

El diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, presentó en la Comisión Regionalista de la Cámara de Diputados siete propuestas para la elaboración de un proyecto de ley sobre rentas regionales.

La idea considera modificaciones al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, al presupuesto sectorial, una nueva forma de distribución del impuesto verde, del Impuesto Específico a la Actividad Minera y del Impuesto a la Renta. Además, incluye la creación de dos nuevos impuestos: tasa forestal y tasa portuaria, recogiendo, en este último caso, la iniciativa presentada por los alcaldes de la Asociación de Municipalidades Puerto y Borde Costero.

“Se van a elegir los gobernadores regionales, ya están electos los consejeros regionales y, sin embargo, hasta el día de hoy los gobiernos regionales solamente tienen como presupuesto de inversión el 5% de lo que se invierte en las regiones. Entonces, es necesario aumentar las rentas regionales a través de una Ley de Rentas y hemos presentado esta mañana (jueves) siete propuestas”, sostuvo el parlamentario.

Según explicó González, estas iniciativas incluyen aumentar la participación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en el presupuesto anual de inversiones, desde un 5% a un 15%, es decir, triplicar el aporte directo a los Gobiernos Regionales. Así también redireccionar un 1% del Impuesto a la Renta, de manera que quienes tributan puedan ver una parte de eso reflejado en su comuna y región.

“El 1% del impuesto a la renta significa alrededor de 190 millones de dólares al año para los gobiernos regionales y para los municipios. Por otra parte, se quiere aumentar en dos tasas impositivas: una tasa portuaria, de manera que los puertos paguen al menos un dólar por tonelada de carga que se embarca y también, una cosa muy importante para la Región del Biobío, poder incluir una tasa para las plantaciones forestales”, manifestó.

Añadió que “lo que nosotros pensamos es que las empresas forestales tienen la obligación de contribuir a los presupuestos comunales y regionales, por lo que estamos planteando 30 dólares por cada hectárea talada. Eso va a permitir también, de alguna manera, que los gobiernos locales tengan ingresos propios”.

En cuanto al impuesto verde, el diputado ecologista planteó que la recaudación del impuesto de emisiones por fuentes fijas se efectúe a nivel regional y se distribuya entre las municipalidades y el Gobierno Regional (50% a cada uno). En tanto, el 40% del impuesto verde pagado por vehículos nuevos se asignaría al municipio de la comuna en donde se obtenga el permiso de circulación y el 60% al GORE.

Además, el representante del Biobío propuso una modificación a la ley que establece el Impuesto Específico a la Actividad Minera, que contempla la distribución del 50% de la recaudación al municipio de la comuna en donde se emplazan los respectivos proyectos mineros y el otro 50% al GORE.

Con relación al presupuesto sectorial, la propuesta presentada por González sugiere que los proyectos de inversión que superen los 10 mil millones de pesos requieran la aprobación del Consejo Regional y que al menos un 15% del presupuesto destinado a los sectores se apliquen mediante Convenios de Programación con el respectivo GORE.

Comisión Regionalista

La Comisión Regionalista de la Cámara de Diputados es una instancia que integran parlamentarios de distintos partidos y bancadas, que tiene un símil en el Senado.

Hemos logrado que el Gobierno se abra a tener una mesa de conversaciones con tres subsecretarios de tres ministerios distintos y las dos comisiones, del Senado y de la Cámara de Diputados. Queremos también que se incorpore, y eso es lo primero que vamos a solicitar cuando tengamos la primera reunión de esta mesa, a la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore) y también a los municipios, porque creemos que este esfuerzo de regionalizar, de descentralizar, es transversal”, comentó el legislador.

Finalmente sostuvo que “este esfuerzo que vamos a hacer es para poder tener no solamente una ley de rentas regionales, sino que una ley de traspaso de competencias que le de poder a las regiones y, por supuesto, a los municipios, de manera de modernizar el Estado, que no significa solamente que tenga mayor tecnología, sino que las decisiones se puedan tomar localmente y que tengamos organismos eficientes en las regiones, con poder de decisión y con recursos”.

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